"Conozco cien rottweilers que no son guardianes, porque no fueron criados para serlo. Y, al revés: entrenándolo, un cocker puede ser bravísimo. Si no hay dueño responsable, todos los perros son potencialmente peligrosos".
Así fundamentó Carlos Bodanza, miembro del Colegio de Veterinarios y especialista en problemas de conducta canina, por qué la entidad sugirió al Concejo Deliberante la incorporación de todos los perros (y no sólo los de razas consideradas riesgosas) en el proyecto de ordenanza que prepara desde hace casi un año.
Según Bodanza, el medio ambiente y el compromiso del dueño son mucho más importantes que la genética del animal.
Justamente, ese fue uno de los argumentos que se presentaron en el Concejo. Allí estuvo la edil Marta Brusa (FpV), autora del proyecto de ordenanza que crea un registro de animales peligrosos y hasta pide exámenes psíquicos a los dueños.
"Todos los que nos dedicamos a comportamiento, y seremos unos diez en el país, consideramos que no es cierto lo de las razas riesgosas. Si no ponemos a todos los perros bajo una misma ley, nunca van a andar las cosas", dijo Bodanza.
También consideró un error tomar como parámetro el peso del animal: "La ordenanza va a incluir los collies, por pesar 20 kilos. Y el peso tiene que ver con lo que puede provocar. Un caniche toy puede destrozar la cara de un bebé. Hablamos de perros. Tienen códigos distintos a los nuestros. No podemos verlos como pequeñas personas. Ese perrito nunca va a entender que pudo matar al bebé".
De todos modos, el veterinario opinó que "siempre va a haber gente mordida, porque las patologías psíquicas y malas conductas de las personas suelen transmitirse a los perros".
Paralelamente, dijo que es un acierto crear un registro, porque logrará que todos los dueños respondan por sus perros.
Por último, afirmó que el Estado "va a tener que intervenir sí o sí", a través de refugios y otras medidas: "Estamos hablando de salud pública", concluyó.

Menos denuncias
El jefe de Veterinaria y Zoonosis municipal, Mario Jouglard, aseguró que las denuncias por perros molestos y mordedores han bajado ("el tema ya no está tan de moda"), pero advirtió que persisten avisos reincidentes, como el que provoca, según contó, un muchacho con dificultades mentales que pasea una y otra vez con un animal que muerde.
"Hemos tenido que atender ese asunto varias veces. Le hemos labrado actas, su tutor ha tenido que ir al Tribunal de Faltas, le ha tenido que hacer al perro el control antirrábico", comentó.
Según Jouglard, el área a su cargo tiene apuntados varios animales que han repetido ataques.
"También hay gente que los deja sueltos y así se reiteran las mordeduras. Pero, en general, la gente está tomando conciencia", agregó.
Jouglard admitió que los controles los realizan dos inspectores del área, pero no a tiempo completo. Explicó que se atienden las denuncias y que se da prioridad a los controles antirrábicos y a los perros que consideran peligrosos.
Sostuvo que Veterinaria y Zoonosis lleva un registro de animales mordedores que empezó a seguirse en agosto de 2005, cuando un rottweiler provocara la amputación de la pierna de una vecina y generara un debate bahiense que continúa hasta hoy.
Por último, indicó que el área ha pedido la incorporación de dos personas, para que se dediquen exclusivamente al tema.

"Pequeña tasa"
El presidente del Concejo Deliberante, Juan Pedro Tunessi, participó de la reunión con el Colegio de Veterinarios y dijo que el registro buscado por la ordenanza de Brusa permitirá al municipio cobrar una "pequeña tasa" para solventar refugios, campañas de educación y programas de castración, entre otras medidas de control de perros.
"Se creará un fondo público para estos temas. Queremos registrar los ejemplares que tienen carácter. Un animal pequeño nunca va a ser lo mismo", comentó, con respecto al pedido de incorporar todos los perros.

La cuestión del chip
Según Tunessi, el controvertido asunto del microchip subcutáneo (con información sobre el perro) fue propuesto por el Colegio de Abogados.
"Como es un tema complicado, nosotros preferimos hablar de un registro", aclaró el presidente del Concejo Deliberante.

El polémico proyecto que pide controles psicológicos
Además de exigir controles psicológicos para los dueños de los perros "potencialmente peligrosos", el proyecto de ordenanza de la concejala Marta Brusa (FpV) exige licencias y, entre otros, los requisitos que siguen, para la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos:
* Ser mayor de edad.
* Acreditar capacidad física y psicológica.
* Tener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
* Demostrar conocimientos sobre etología canina.
* Pagar un arancel destinado a un "fondo de seguridad animal".
* Equipar con bozal, cadena y chapa identificatoria con número de licencia a los animales peligrosos que circulan por la calle.
* Pasear sólo un perro por vez, por la calle.
* Alojarlos en espacios aislados de los cercos perimetrales y con vallados "altos y consistentes".
La norma considera perros "potencialmente peligrosos" a los que tienen "fuerte capacidad instintiva de causar la muerte o provocar lesiones", musculatura dominante, actitudes desafiantes, cabeza voluminosa cuboide, robusta, de cráneo ancho y grande y mejillas musculosas.
También se les adjudican mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
El proyecto menciona las razas rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, fila brasileño, american staffordshire, bull terrier, mastif, bull mastif, doberman, dogo de Burdeos, mastín napolitano, bull terrier, presa canario, akita inu, ovejero alemán, ovejero belga, bulldog inglés, cane corso, cimarrón uruguayo, schnauzer gigante, sharpei, pastor del Cáucaso, mastín español, samoyedo y siberian husky.
Con el asesoramiento del juez de faltas Ricardo Germani, la concejala Brusa estableció que las multas mínimas por incumplimiento de la ordenanza en cuestión serían de 780 pesos.
Las máximas, en cambio, llegarían a los 1.560 pesos.
La reincidencia duplicaría la primera sanción y la tercera transgresión implicaría separar al animal de su dueño o guardián.

María Eugenia Rodríguez/"La Nueva Provincia"
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